Desde Cúcuta, el presidente Abelardo De la Espriella puso nuevamente en marcha la campaña militar y policial Esparta, una estrategia de seguridad que tiene antecedentes en 2018 desde el gobierno de Juan Manuel Santos. En la administración pasada, el gobierno Petro había decidido suspenderla.
El objetivo de revivir esa ofensiva es enfrentar a las organizaciones armadas ilegales que operan en Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo, cuyo alcance criminal llega hasta la frontera.
Durante la ceremonia de este martes, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía, el mandatario aseguró que su presencia en el departamento no obedecía a ratificar una orden, sino a verificar su cumplimiento.
“La orden es clara: derrotar al terrorismo en Colombia”, afirmó al presentar los alcances de la campaña.
La operación fue dispuesta bajo la instrucción presidencial de reforzar militarmente y de manera transitoria la seguridad en esa ciudad. 500 soldados de operaciones especiales urbanas patrullan las calles de Cúcuta desde la noche del 29 de octubre, como parte de la militarización ordenada por el presidente para contener la escalada de violencia en la capital de Norte de Santander.
El despliegue incluye vehículos blindados, controles en sectores críticos, requisas y operaciones conjuntas con la Policía. También contempla labores de vigilancia con apoyo de la Fuerza Aérea, para recuperar el control territorial y enfrentar a las estructuras criminales que operan en esta zona de frontera.
De acuerdo con la presentación oficial, la campaña tendrá cinco ejes de acción: recuperación territorial, protección de la población, ofensiva contra las estructuras y economías criminales, integración de inteligencia y judicialización estratégica, y fortalecimiento de capacidades críticas.
La conducción estará a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía, mediante sus respectivas cadenas de mando. Uno de los principales objetivos será enfrentar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al frente 33 de las disidencias de las Farc y a las demás estructuras ilegales que tienen presencia en la región.
De la Espriella impartió una instrucción directa a los comandantes: “Tienen que recuperar la autoridad del Estado en el Catatumbo y derrotar a las estructuras terroristas que someten a sus comunidades”.
El mandatario ordenó recuperar la iniciativa militar, “identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas” de esas organizaciones, desarticular sus estructuras y afectar sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.
“El ELN, la banda narcoterrorista 33 y demás organizaciones que operan en esta región tienen que sentir todo el peso de la fuerza legítima del Estado”, sostuvo De la Espriella.
Aseguró que el Estado debe mantener el control del territorio nacional y evitar que las organizaciones ilegales interfieran en las decisiones relacionadas con la seguridad del país.
“Hay deberes que no podemos eludir, entre ellos preservar la integridad del territorio nacional y garantizar que las decisiones sobre la seguridad del país estén en manos de sus instituciones legítimas y no de los bandidos”, afirmó desde el Puente Internacional Las Tienditas, en la frontera con Venezuela.
En ese sentido, advirtió que las autoridades harán respetar la legislación colombiana frente a los intentos de control territorial de los grupos armados. “Aquí las autoridades harán respetar nuestras leyes”, enfatizó.
El presidente explicó que las medidas anunciadas responden a una estrategia más amplia para recuperar las condiciones de seguridad en Norte de Santander y rechazó que las estructuras criminales utilicen los corredores fronterizos para sus actividades ilegales.
“No acepto, repito, no acepto que las organizaciones terroristas pretendan controlar nuestros pasos fronterizos, traficar con drogas o personas o utilizar el territorio colombiano para desarrollar sus actividades criminales”, sostuvo.
La campaña militar y policial Esparta tiene una historia que se remonta al segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Fue concebida como una estrategia de intervención en el Catatumbo, siguiendo un modelo similar al de Agamenón, desplegada en Urabá contra el Clan del Golfo.
Casi ocho años después de sus primeros despliegues, el presidente De la Espriella volvió a ponerla en marcha, esta vez desde Cúcuta con una nueva ofensiva contra el ELN, el frente 33 de las disidencias de las Farc y otras estructuras criminales que operan en Norte de Santander.
En sus inicios, Esparta buscaba articular las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía para combatir a Los Pelusos, el ELN, el Clan del Golfo y las bandas delincuenciales que disputaban el control territorial en esa región.
La estrategia fue concebida bajo una lógica de intervención conjunta, similar a la que se aplicaba en Urabá con Agamenón. Posteriormente, con la aparición y expansión de las disidencias de las Farc, su componente operacional fue replanteado para darle mayor peso a la acción militar.
Durante el Gobierno de Iván Duque, la campaña continuó con operaciones contra las estructuras armadas que tenían presencia en el Catatumbo.
Sin embargo, su funcionamiento cambió durante la administración de Gustavo Petro y, particularmente, durante la gestión de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa.
Según esa versión, los cambios de destinación de los oficiales que estaban al frente de la campaña y los relevos de los fiscales que adelantaban investigaciones contra esas organizaciones terminaron debilitando la articulación entre las capacidades militares, policiales y judiciales.
Los documentos oficiales permiten establecer que la denominación Esparta no desapareció completamente durante el Gobierno Petro. De hecho, la Policía la mantuvo entre sus operaciones sostenidas y reportó resultados bajo ese nombre.
En 2024, la institución informó que había impulsado una reformulación y reestructuración de la estrategia para adaptarla a las nuevas dinámicas criminales.
También reportó operaciones, capturas y afectaciones a las economías ilegales en su jurisdicción. Incluso, en una respuesta oficial del Ministerio de Defensa fechada el 2 de abril de 2025, correspondiente al periodo comprendido entre el primero de enero y el 17 de marzo de ese año, se reportaron 148 capturas, 37 allanamientos y la inhabilitación de diez laboratorios de procesamiento de base de coca bajo la denominación Esparta.
La diferencia, por tanto, está en el alcance y la continuidad de su estructura original. Mientras la Policía conservó una operación sostenida con ese nombre, la versión de fuentes judiciales apunta a que el componente conjunto y la estructura de mando que habían caracterizado la campaña en sus primeros años dejaron de funcionar de la misma manera.
A ese escenario se sumó la crisis de seguridad de enero de 2025, cuando el Gobierno Petro anunció la Operación Catatumbo, con un despliegue de más de 10.000 integrantes de la Fuerza Pública para enfrentar la escalada de violencia protagonizada principalmente por el ELN y las disidencias de las Farc.
Ahora, desde Cúcuta, De la Espriella presentó la reactivación de Esparta como parte de su ofensiva nacional contra las organizaciones criminales.
El mandatario ordenó recuperar la iniciativa militar en el Catatumbo, identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de las estructuras armadas, desarticular sus redes y golpear sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.
La nueva campaña también contempla reforzar el control de la frontera con Venezuela, mediante mayor vigilancia y controles en sectores estratégicos para combatir el contrabando, la trata de personas y el tránsito de organizaciones criminales.
De esta manera, Esparta vuelve al centro de la estrategia de seguridad del Estado en Norte de Santander, ahora bajo las órdenes de De la Espriella y con el propósito de recuperar el control territorial de una región que, pese a los distintos despliegues militares y policiales de los últimos años, continúa siendo escenario de confrontación entre organizaciones armadas.