La Fiscalía General de la Nación informó este martes la intervención de más de 40 estructuras delincuenciales y la captura de 391 presuntos integrantes de organizaciones criminales en los últimos 45 días. Según el ente investigador, fue el resultado de una estrategia de investigación orientada a combatir los grupos que más afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en las principales ciudades del país.
Las operaciones se concentraron en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades adelantaron diligencias de allanamiento y registro con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
De acuerdo con esa entidad, los capturados estarían vinculados principalmente con delitos como homicidio, hurto y tráfico local de estupefacientes. Las investigaciones también permitieron identificar conexiones entre diferentes hechos delictivos, establecer patrones de comportamiento y reconocer las dinámicas de funcionamiento de las organizaciones intervenidas.
En total, fueron impactadas 12 estructuras en Bogotá, 11 en Cali, nueve en municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla. Además, mediante el trabajo de asociación de casos, la Fiscalía logró relacionar 1.300 noticias criminales y ofrecer respuestas institucionales a más de 1.200 víctimas reconocidas dentro de los procesos.
En la capital del país, uno de los principales resultados se obtuvo mediante la denominada ‘Operación Kratos’, que dejó 20 personas capturadas: 19 por orden judicial y una en flagrancia.
Los procedimientos permitieron afectar tres estructuras: dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, seis de ‘Los Satanás’ y 12 del grupo delincuencial ‘Los Usurpadores’.
Las investigaciones están relacionadas con posibles conductas de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.
Entre tanto, los allanamientos se realizaron en las localidades de Kennedy, San Cristóbal, Engativá y Bosa. Durante las diligencias fueron incautados 26 celulares, un computador portátil, una tableta y 200 kilogramos de marihuana.
También fue intervenida la facción ‘Puentes II’, vinculada a la organización ‘El Mesa’, cuyo origen estaría en el Valle de Aburrá y que habría extendido sus actividades a Soacha y Bogotá. Este grupo es investigado por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, homicidios y desplazamientos forzados.
En Antioquia fueron intervenidas nueve estructuras criminales y en Medellín otras seis. Entre ellas figura ‘La Roja’, señalada de cometer hurtos violentos mediante la modalidad de fleteo en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Otro resultado importante se registró en el suroeste antioqueño contra el grupo delincuencial ‘La Miel’, con la judicialización de 18 presuntos integrantes.
A esta organización se le atribuyen cinco hechos criminales ocurridos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026, que dejaron siete personas asesinadas y una herida. Entre los casos investigados está el homicidio colectivo de tres hombres, ocurrido el 25 de febrero de 2026 en la vereda El Porvenir, sector Sabaletas, en el municipio de Titiribí.
En Cali, las autoridades impactaron 11 estructuras y judicializaron a 90 de sus presuntos integrantes. Entre ellas se encuentra ‘Los de La Luna’, investigada por comercializar estupefacientes en los barrios San Pascual y San Bosco, en la comuna 3. Según la Fiscalía, sus integrantes utilizarían a personas en condición de calle para almacenar, transportar y distribuir drogas.
Por su parte, en Barranquilla fueron intervenidas cinco bandas y judicializados 35 presuntos integrantes. Una de ellas es ‘Los Virtuales RJ’, señalada de explotar y comercializar ilegalmente juegos de suerte y azar mediante rifas y bingos en Atlántico, La Guajira y Cesar.
La Fiscalía indicó que estas operaciones hacen parte de los planes de priorización establecidos desde enero de 2026, cuyo propósito es debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales, identificar a sus integrantes y avanzar en su judicialización.
Con esta estrategia, el organismo busca fortalecer la persecución penal contra las estructuras que representan mayores riesgos para la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.