La primera cuenta que recibió la Embajada de Colombia en México por la sede del consulado en Tijuana llegó el 30 de septiembre. Era un requerimiento de pago por una oficina que no sabía que tenían porque desconocían que estuviera arrendada. Para entonces, el consulado llevaba casi dos años creado por decreto y todavía no había abierto sus puertas al público.
La oficina tampoco tenía una partida presupuestal para cubrir el alquiler. Sin embargo, desde enero de 2026 ya había una cónsul nombrada en provisionalidad para esa plaza. Se trata de Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien dejó el cargo el 30 de octubre, tras presentar su renuncia, tal como ocurre en cada cambio de gobierno.
La cifra no incluye la deuda por el inmueble, cuyo monto sigue sin conocerse.
El cobro correspondía a la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada de Tijuana. Un día después de que llegó el requerimiento, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería verificó que sí existía un contrato de arrendamiento y que este había generado obligaciones económicas sin una asignación presupuestal para atenderlas.
El 6 de octubre, la Embajada le pidió a Pabón que enviara una copia del contrato y explicara qué había pasado. La solicitud quedó sin respuesta. Para entonces ya circulaba otro documento que advertía sobre cuentas pendientes.
En una comunicación del 17 de agosto, compartida por la propia cónsul con colombianos en Baja California, se mencionaban trabajos de adecuación del inmueble y de diseño de la imagen institucional por los que aún había obligaciones de pago.
El consulado había sido creado mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, cuando Luis Gilberto Murillo estaba al frente de la Cancillería. El mismo decreto creó las oficinas de Monterrey y Tuxtla Gutiérrez.
Murillo, al ser cuestionado, sostuvo que “toda apertura de consulado era precedida de estudios y disponibilidad presupuestal”. La Cancillería, en cambio, le indicó que no tenía evidencia de un estudio previo para el caso de Tijuana.
Y es que Pabón llegó a Tijuana después de que la justicia anulara su designación como cónsul en Calgary, Canadá. En ese caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que había sido nombrada en provisionalidad, pese a que había 30 funcionarios de carrera disponibles para ocupar la plaza.
Para el cargo en Tijuana, la entonces canciller Rosa Villavicencio firmó el nombramiento en enero de ese año. Según su versión, el inmueble se escogió en junio y el trámite quedó en pausa a la espera del cambio de gobierno.
Pabón devengaba US$14.700 mensuales. Según los documentos mexicanos, el país anfitrión dio su anuencia al nombramiento el 27 de marzo, unos dos meses después de que empezara a recibir su asignación. La investigación también reportó un giro de US$20.338 por viáticos y transporte de menaje doméstico.
En el informe que entregó con su renuncia, Pabón registró visitas a colombianos recluidos en cárceles de Baja California y un consulado móvil de tres días en el que se atendieron 211 trámites.
Al ser consultado, la excónsul dijo que conservaba los soportes de su gestión y que podría entregarlos cuando la autorizaran, a pesar de ya no trabajar con el Estado.
La Cancillería puso las actuaciones relacionadas con el consulado en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto. Además, se informó que el Gobierno decidió cancelar el proyecto. Queda abierta la duda de cuánto debe el país por esa oficina que nunca funcionó como embajada.