El ataque con explosivos lanzados desde una volqueta acondicionada con rampas que sacudió a Planadas, en el sur del Tolima, durante la noche del domingo, volvió a poner bajo la lupa las advertencias que durante años hicieron las autoridades sobre la expansión de las estructuras armadas ilegales en esa región.
El atentado dejó cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de dos meses, y 17 personas heridas, así como también 177 viviendas afectadas por la onda expansiva.
Los cilindros explosivos impactaron sectores residenciales, las inmediaciones de una instalación militar y el hospital municipal, que sufrió graves daños en su infraestructura. Sin embargo, el escenario de riesgo no era desconocido para la Defensoría del Pueblo.
Tras el ataque, la entidad recordó que la situación había sido advertida desde la Alerta Temprana 016 de 2022, en la que identificó la presencia y disputa territorial entre dos facciones disidentes de las antiguas Farc-EP: las adscritas al Comando Coordinado de Occidente y a la Segunda Marquetalia.
El 17 de febrero de 2022, la entidad emitió la Alerta Temprana 004, enfocada en los riesgos para el ejercicio de los derechos políticos durante las elecciones legislativas y las consultas de ese año. Planadas quedó incluido en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 15, junto con Ataco, Chaparral y Rioblanco.
La Defensoría llamó la atención sobre la posibilidad de que grupos armados ilegales interfirieran en la participación democrática y afectaran la libertad de los candidatos y electores. Pero fue el 30 de junio de 2022 cuando se produjo una actualización específica y detallada del escenario de seguridad en el sur del departamento.
La Alerta Temprana 016 volvió a cubrir los cuatro municipios y señaló que el riesgo estaba determinado por la presencia, consolidación, reacomodamiento y tránsito de dos facciones disidentes de las antiguas Farc-EP: el Comando Coordinado de Occidente y la Segunda Marquetalia.
La entidad describió una disputa por el territorio que afectaba tanto las zonas rurales como los centros poblados.
El documento advirtió sobre amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento y utilización de niños y adolescentes, desapariciones, violencia sexual, restricciones a la movilidad y posibles afectaciones por minas y artefactos explosivos.
El 17 de septiembre pasado, mes y medio antes del atentado, la Defensoría manifestó su preocupación por la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima.
La entidad señaló que una actividad que se había concentrado inicialmente en Ataco se estaba extendiendo hacia Chaparral y Coyaima, y advirtió que sus efectos podían alcanzar también a Rioblanco y Planadas.
Según el organismo, esas economías ilegales fortalecían financieramente a estructuras armadas y elevaban los riesgos de homicidios, amenazas y extorsiones en una región atravesada por corredores estratégicos.
Tras el ataque del 1 de noviembre, la Defensoría retomó ese diagnóstico y señaló que la expansión de las economías ilícitas asociadas a la extracción de minerales había agravado el escenario de seguridad en el sur del Tolima, particularmente en Ataco.
La entidad precisó que, de acuerdo con la información recibida, la actuación de la Fuerza Pública habría impedido que esa economía se extendiera hacia Planadas.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también responsabilizó políticamente a la administración de Gustavo Petro por el deterioro de las condiciones de seguridad en el sur del departamento.
La mandataria aseguró que había advertido desde 2024 sobre el avance de las estructuras armadas ilegales y cuestionó que sus llamados no hubieran recibido una respuesta efectiva del Gobierno nacional.
“Yo lo advertí en el 2024. Lo advertí al gobierno Petro, que fue indolente, que nunca nos escuchó.
La gobernadora recordó que el sur del Tolima ya había atravesado episodios de violencia similares hace más de 20 años y sostuvo que los habitantes nuevamente están viviendo con miedo y zozobra por la presencia de grupos armados ilegales.
Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos por las alertas que la Defensoría del Pueblo emitió sobre Planadas y municipios vecinos, en las que advirtió sobre la expansión de las disidencias de las Farc, las disputas territoriales y el control de economías ilegales.
Matiz atribuyó preliminarmente el atentado al frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, y señaló que estas estructuras estarían vinculadas con actividades de minería ilegal y extorsiones contra campesinos y comerciantes.
Según la información entregada por la mandataria, los responsables habrían utilizado diez cilindros bomba de 120 libras: nueve explotaron y uno fue recuperado sin activar por el equipo Marte del Ejército para las investigaciones.
“Son organizaciones criminales que utilizan esos brazaletes y esos falsos discursos comunitarios del pueblo que defiende el pueblo, pero resultan es atacando al pueblo para esconder sus verdaderas intenciones, que son la minería ilegal, la extorsión que le realizan a nuestros campesinos, a nuestros comerciantes y el control de las economías ilegales”, dijo.
El balance entregado por la Gobernación da cuenta de la dimensión de los daños: 177 viviendas resultaron afectadas, 23 de ellas quedaron completamente destruidas y el hospital transitorio perdió el 80 por ciento de su infraestructura.
Entre las cuatro personas fallecidas está una bebé de dos meses. La emergencia también dejó 18 heridos, según el reporte citado por la gobernadora.
También describió el interés de las estructuras armadas por imponer normas de comportamiento y ejercer control sobre las comunidades.
Las cifras de homicidios incluidas en esa alerta muestran la dimensión de la violencia registrada en Planadas durante los años anteriores a su expedición.
Según los datos recopilados por la Defensoría, en el municipio se reportaron 11 homicidios en 2019, 12 en 2020 y 15 en 2021. Entre enero y el 30 de abril de 2022 ya se habían contabilizado otros cinco.
El documento también registró hechos concretos contra la población: el asesinato del líder José Alonso Sarmiento Martínez, ocurrido el 20 de agosto de 2020, y el homicidio de tres personas en la vereda El Dorado, el 18 de octubre de ese mismo año.
La alerta identificó además la presencia de la Segunda Marquetalia en sectores rurales de Planadas, especialmente en las zonas limítrofes con el departamento del Huila, donde se mencionaba la actuación del frente Alfonso Cano.
Se trataba de una advertencia sobre estructuras que buscaban mantener o ampliar su influencia territorial y sobre los efectos que esa disputa podía tener para la población civil.
Las alertas posteriores mantuvieron a Planadas dentro de los mapas de riesgo, aunque desde perspectivas distintas.
El 19 de mayo de 2023, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 019, de alcance nacional, sobre los riesgos para defensores de derechos humanos, líderes sociales, sus organizaciones y colectivos. En su matriz territorial, Planadas quedó clasificado en nivel de riesgo alto, al igual que Ataco, Chaparral y Rioblanco.
Tres meses después, el 23 de agosto de 2023, la Alerta Temprana 030 volvió a referirse al sur del Tolima, esta vez en el contexto de las elecciones territoriales.
El documento identificó como fuentes de amenaza a las estructuras residuales de las Farc-EP. Mencionó al Frente Ismael Ruiz, adscrito al Comando Coordinado de Occidente, y a la Segunda Marquetalia, con presencia en sectores entre Planadas y el Huila.
La Defensoría advirtió que los grupos armados podían constreñir a los electores mediante panfletos y reuniones con las comunidades.
En el análisis territorial también quedaron consignados hechos de extorsión, desplazamiento forzado, un secuestro en Planadas y situaciones de reclutamiento y utilización de menores. El municipio volvió a aparecer entre los territorios con riesgo alto en la evaluación electoral.
La advertencia más reciente de esta cadena documental fue la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, emitida el 7 de octubre de ese año para los procesos electorales de 2025 y 2026. En su matriz de municipios, la Defensoría clasificó a Planadas en nivel de riesgo urgente.
Esa clasificación corresponde al escenario de riesgo electoral y no constituye una nueva alerta estructural exclusivamente dedicada al conflicto armado del municipio.
Sin embargo, confirma que el territorio seguía apareciendo entre los puntos que requerían atención institucional prioritaria. A las alertas numeradas se sumó una advertencia pública más reciente.
La reconstrucción de las alertas deja una secuencia de advertencias que se remonta, incluso, a 2019 para el escenario armado específico de Planadas y su zona vecina.
La Defensoría describió el avance de las disidencias, documentó hechos violentos, identificó riesgos para la población civil y volvió a señalar la persistencia de esas amenazas en 2022 y 2023.
En 2025, Planadas seguía figurando con riesgo urgente en el mapa electoral y, en septiembre de 2026, la entidad volvió a advertir sobre la expansión de las economías ilegales en la región.